¿Quien mide y quien aplica la vara de medir?
Juez Tirado : por no ejecutar la sentencia de orden de prisión y dejar en libertad al pederasta convicto, que estando libre asesinó a la niña Mari Luz, el CGPJ le impone 1500 euros de multa por falta leve, sin inhabilitación. La puede recurrir ante el TS.
Juez Calamita (Murcia) : Por retrasar un expediente de adopción para una pareja de lesbianas: más de 2 años de inhabilitación y 6 mil euros de indemnización a la querellante. La intervención mediática le ha acusado de todo : sexista, retrógrado, etc... El CGPJ no ha intervenido.
Cada cual saque sus conclusiones.
Bitácora. Anotación 29-01-2009
Los Quijotes del mundo
Los Quijotes del mundo
El juez Fernando Andreu Merelles, titular del juzgado nº 4 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella del Centro Palestino para los Derechos Humanos contra siete ex-responsables militares israelíes por un presunto delito contra la humanidad cometido durante un ataque aéreo a la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 15 personas. Los hechos ocurrieron cuando un avión de combate israelí F16 lanzó una bomba de una tonelada contra la vivienda de Salah Shehadeh, considerado un destacado dirigente de Hamás. Tras conocer la noticia, Ben-Eliezer dijo que la decisión era "escandalosa", añadiendo que "las organizaciones terroristas están usando los tribunales de naciones libres bajo el disfraz de la democracia para luchar contra los que combaten el terrorismo". A su juicio, Shehada era un "asesino de masas responsable de la muerte de 100 israelíes (...) y envió decenas de suicidas a las calles. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barack, calificó el caso de "irreal". "Cualquiera que califique la liquidación de un terrorista de 'crimen contra la humanidad' está viviendo en el mundo al revés. Todos los altos cargos de la institución militar actuaron adecuadamente, en nombre del Estado de Israel, por su compromiso para asegurar la seguridad de los ciudadanos israelíes", indicó Barak. Mientras, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dijo a los periodistas que se respetaría la Justicia -que es un poder independiente del estado- y que España seguirá trabajando por la paz.
Tremendo todo, de acuerdo y cierto. Incluso dígase que dos horas antes de entrar en vigor el alto el fuego en Gaza durante el último conflicto a gran escala, los aviones israelíes bombardearon con fósforo, incendiaron y arrasaron los depósitos de alimentos de la ONU. Un auténtico crimen de guerra por el que la comunidad mundial tampoco ha movido un dedo.
Pero lo que ha de ser dicho y no aún se ha debatido en este país de opio futbolístico y marujil es por qué los jueces españoles, a los que los españoles investimos en su día de un poder constitucional y pagamos sus generosos salarios mediante nuestra aportación tributaria para resolver nuestros pleitos y conflictos, léase para administrarnos justicia, se meten en estos jardines mientras se amontonan los casos sin resolver en los juzgados. ¿Somos los Quijotes permanentes del mundo? ¿No se crearon otros ámbitos y foros para actuar e intervenir?¿Para qué está el Tribunal Internacional de La Haya, por ejemplo?
Nuestra sistema político y democrático, al igual que en el resto de occidente, se basa en la idea de que el pueblo, la nación, detenta la soberanía y la ejerce constituyéndose en un Estado soberano que se organiza mediante la división en los tres poderes que perfilara Montesquieu : 1º) Legislativo : un sistema cameral o parlamentario que detenta la soberanía nacional y establece las leyes y normas por las que regirse; 2º) Ejecutivo (un gobierno que las lleva a la práctica o en su caso también las propone al Legislativo, al que rinde cuentas); y 3º) Judicial : un poder independiente del Ejecutivo, que interpreta y arbitra sobre la interpretación y/o forma de aplicar esas leyes que se otorga la soberanía nacional. Que el Judicial es uno de los tres poderes del Estado es indubitable. En España concretamente esta condición se nos manifiesta de forma clara en el nombre que toma su órgano de gobierno, precisamente el Consejo General del Poder Judicial.
Ahora bien, las asociaciones corporativas de los jueces argumentan que los jueces son trabajadores y tienen derechos, etc. etc. Pero he aquí una perversión lingüística e ideológica. Los jueces hacen un trabajo, sí, pero no son trabajadores en el sentido semántico tradicional de asalariados por cuenta ajena con el que se usa el término y que todos entendemos de jornalero u obrero (3ª acepción del Diccionario de la RALE). Un pintor, escultor, escritor, p.e., hacen un trabajo, pero no son trabajadores.
Y no hay huelgas de o en una Institución, como son las Fuerzas Armadas. ¿Imagina alguien en su sano juicio o ha imaginado jamás una huelga de los otros "poderes" del Estado?¿Una huelga de parlamentarios?¿Una huelga de ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales ?
Los jueces dicen además en estos días por medio de sus representantes en sus asociaciones corporativas que lo que pretenden es una mejor y más eficaz administración de justicia (???) en beneficio de los ciudadanos. Pero ¿acaso no es esta una competencia del Legislativo?¿Acaso no hay cauces institucionales y orgánicos para recoger quejas y mejoras como es el propio Consejo? ¿No han pensado esos celosos jueces que mejoraría muchísimo la administración de la justicia entre quienes los han instituido jueces y otorgado poderes constitucionales, es decir, los ciudadanos, si se dedicaran a ello con más empeño en vez de dedicar los recursos puestos a su disposición en abrir causas por un bombardeo israelí en Gaza hace varios años o para ordenar el levantamiento de fosas de una triste guerra ocurrida hace más de 70 años que todos queremos olvidar, por mencionar un par de asuntos?
Otrosí digan si no es menos cierto que esa administración mejoraría, se agilizaría y sería más eficaz por su inmediatez en el tiempo si se dejasen de instruir durante años sumarios pantagruélicos de miles y miles de folios con un lenguaje del siglo XVII... en resumen: menos burocratismo y más dinamismo y adaptación a las cambiantes circunstancias que surgen durante un proceso y su instrucción
Nos enteramos por la prensa que el superjuez Baltasar Garzón, el justiciero, el perseguidor de supuestos corruptos y otras bagatelas, al servicio ideológico del PSOE, tenía causa abierta en el TS por haber percibido hace tres años la nada despreciable bicoca de más de 200 mil euros (más de 33 millones de las pesetas de antes, para entendernos), si no más, durante la excedencia retribuida que disfrutó por motivos docentes en Nueva York entre 2005 y 2006, sin informar de ello al órgano de gobierno de los jueces.
El magistrado percibió 160.000 dólares en concepto de sueldo del Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York, donde participó en labores docentes entre marzo de 2005 y junio de 2006, haciéndose cargo además de gastos de viaje por valor de 21.152 dólares y de los estudios de la hija del juez en la Escuela Internacional de Naciones Unidas, por 21.650 dólares, además de secretaria y sirvienta. Estas cifras se extraen de un auto del Tribunal Supremo en el que el alto tribunal desestima una querella por prevaricación y cohecho contra el juez al no apreciar la existencia de delito (!!!) pero en el que remite los hechos al Consejo General del Poder Judicial para que éste estime si imponerle una sanción disciplinaria.
"No consta que el Consejo General del Poder Judicial tuviese en ningún momento conocimiento de que la actividad de docencia e investigación fuese a ser retribuida en concepto de sueldo mediante nómina", señala el auto. "Tampoco consta que por el Consejo General del Poder Judicial se adoptase alguna resolución, separada de la de licencia, autorizando la compatibilidad para la actividad de docencia retribuida y, menos aún, que tomase conocimiento de los importes de dicha retribución, como concepto diverso de la indemnización de gastos", añade.
El CGPJ estudiará el martes la información previa abierta sobre este asunto. Antes de conocer el auto del Supremo, el informe del servicio de inspección del órgano de gobierno de los jueces recomendaba su archivo. La querella fue presentada por el abogado Antonio Panea, que acusaba al titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de haber percibido 1,7 millones de dólares del Banco de Santander por unos cursos en el Centro Rey Juan Carlos en Estados Unidos, y de haber archivado después una querella contra directivos de esa entidad. El Supremo recoge que el BSCH entregó a la universidad 302.000 dólares que, aunque pudieran haber servido para actividades gestionadas por Garzón, no puede "asegurarse que el dinero entregado por la entidad bancaria tuviese al querellado como directo destinatario". No obstante, el auto señala que las cantidades percibidas por Garzón pudieron exceder de los límites fijados por ley "para el supuesto de actividades autorizadas para su compatibilidad con el cargo público" y recuerda que el artículo 417,11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sanciona como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas".
Sin embargo, a pesar de lo que se dice en este auto, el ya desacreditado CGPJ echará tierra sobre el asunto. Todo queda en casa y pelillos a la mar.
Bitácora. Anotación 13-02-2009
Las huelgas de los jueces
Las huelgas de los jueces
Nuestra sistema político y democrático, al igual que en el resto de occidente, se basa en la idea de que el pueblo, la nación, detenta la soberanía y la ejerce constituyéndose en un Estado soberano que se organiza mediante la división en los tres poderes que perfilara Montesquieu : 1º) Legislativo : un sistema cameral o parlamentario que detenta la soberanía nacional y establece las leyes y normas por las que regirse; 2º) Ejecutivo (un gobierno que las lleva a la práctica o en su caso también las propone al Legislativo, al que rinde cuentas); y 3º) Judicial : un poder independiente del Ejecutivo, que interpreta y arbitra sobre la interpretación y/o forma de aplicar esas leyes que se otorga la soberanía nacional. Que el Judicial es uno de los tres poderes del Estado es indubitable. En España concretamente esta condición se nos manifiesta de forma clara en el nombre que toma su órgano de gobierno, precisamente el Consejo General del Poder Judicial.
Ahora bien, las asociaciones corporativas de los jueces argumentan que los jueces son trabajadores y tienen derechos, etc. etc. Pero he aquí una perversión lingüística e ideológica. Los jueces hacen un trabajo, sí, pero no son trabajadores en el sentido semántico tradicional de asalariados por cuenta ajena con el que se usa el término y que todos entendemos de jornalero u obrero (3ª acepción del Diccionario de la RALE). Un pintor, escultor, escritor, p.e., hacen un trabajo, pero no son trabajadores.
Y no hay huelgas de o en una Institución, como son las Fuerzas Armadas. ¿Imagina alguien en su sano juicio o ha imaginado jamás una huelga de los otros "poderes" del Estado?¿Una huelga de parlamentarios?¿Una huelga de ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales ?
Los jueces dicen además en estos días por medio de sus representantes en sus asociaciones corporativas que lo que pretenden es una mejor y más eficaz administración de justicia (???) en beneficio de los ciudadanos. Pero ¿acaso no es esta una competencia del Legislativo?¿Acaso no hay cauces institucionales y orgánicos para recoger quejas y mejoras como es el propio Consejo? ¿No han pensado esos celosos jueces que mejoraría muchísimo la administración de la justicia entre quienes los han instituido jueces y otorgado poderes constitucionales, es decir, los ciudadanos, si se dedicaran a ello con más empeño en vez de dedicar los recursos puestos a su disposición en abrir causas por un bombardeo israelí en Gaza hace varios años o para ordenar el levantamiento de fosas de una triste guerra ocurrida hace más de 70 años que todos queremos olvidar, por mencionar un par de asuntos?
Otrosí digan si no es menos cierto que esa administración mejoraría, se agilizaría y sería más eficaz por su inmediatez en el tiempo si se dejasen de instruir durante años sumarios pantagruélicos de miles y miles de folios con un lenguaje del siglo XVII... en resumen: menos burocratismo y más dinamismo y adaptación a las cambiantes circunstancias que surgen durante un proceso y su instrucción
Bitácora. Anotación 10-03-2009
Mira quien me llamó puta sino otra más disoluta
Mira quien me llamó puta sino otra más disoluta
Nos enteramos por la prensa que el superjuez Baltasar Garzón, el justiciero, el perseguidor de supuestos corruptos y otras bagatelas, al servicio ideológico del PSOE, tenía causa abierta en el TS por haber percibido hace tres años la nada despreciable bicoca de más de 200 mil euros (más de 33 millones de las pesetas de antes, para entendernos), si no más, durante la excedencia retribuida que disfrutó por motivos docentes en Nueva York entre 2005 y 2006, sin informar de ello al órgano de gobierno de los jueces.
El magistrado percibió 160.000 dólares en concepto de sueldo del Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York, donde participó en labores docentes entre marzo de 2005 y junio de 2006, haciéndose cargo además de gastos de viaje por valor de 21.152 dólares y de los estudios de la hija del juez en la Escuela Internacional de Naciones Unidas, por 21.650 dólares, además de secretaria y sirvienta. Estas cifras se extraen de un auto del Tribunal Supremo en el que el alto tribunal desestima una querella por prevaricación y cohecho contra el juez al no apreciar la existencia de delito (!!!) pero en el que remite los hechos al Consejo General del Poder Judicial para que éste estime si imponerle una sanción disciplinaria.
"No consta que el Consejo General del Poder Judicial tuviese en ningún momento conocimiento de que la actividad de docencia e investigación fuese a ser retribuida en concepto de sueldo mediante nómina", señala el auto. "Tampoco consta que por el Consejo General del Poder Judicial se adoptase alguna resolución, separada de la de licencia, autorizando la compatibilidad para la actividad de docencia retribuida y, menos aún, que tomase conocimiento de los importes de dicha retribución, como concepto diverso de la indemnización de gastos", añade.
El CGPJ estudiará el martes la información previa abierta sobre este asunto. Antes de conocer el auto del Supremo, el informe del servicio de inspección del órgano de gobierno de los jueces recomendaba su archivo. La querella fue presentada por el abogado Antonio Panea, que acusaba al titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de haber percibido 1,7 millones de dólares del Banco de Santander por unos cursos en el Centro Rey Juan Carlos en Estados Unidos, y de haber archivado después una querella contra directivos de esa entidad. El Supremo recoge que el BSCH entregó a la universidad 302.000 dólares que, aunque pudieran haber servido para actividades gestionadas por Garzón, no puede "asegurarse que el dinero entregado por la entidad bancaria tuviese al querellado como directo destinatario". No obstante, el auto señala que las cantidades percibidas por Garzón pudieron exceder de los límites fijados por ley "para el supuesto de actividades autorizadas para su compatibilidad con el cargo público" y recuerda que el artículo 417,11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sanciona como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas".
Sin embargo, a pesar de lo que se dice en este auto, el ya desacreditado CGPJ echará tierra sobre el asunto. Todo queda en casa y pelillos a la mar.
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